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COMUNICADO DEL RC DEPORTIVO SOBRE PROPUESTA DE SANCIONES DE LA COMISIÓN ESTATAL CONTRA LA VIOLENCIA

29/10/2016 19:06

COMUNICADO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL RC DEPORTIVO SOBRE PROPUESTA DE SANCIONES DE LA COMISION ESTATAL CONTRA LA VIOLENCIA

En los últimos días, algunos medios informativos han publicado noticias sobre propuestas de sanciones al Real Club Deportivo que tienen su origen en la exhibición en la grada de una pancarta de la Agrupación de seguidores deportivistas Riazor Blues. La referida pancarta no incorpora ningún tipo de símbolo ni logo de los recogidos en el catálogo elaborado por parte de LaLiga y se adecua a la Circular nº 20 de la Temporada 2014/2015.
Dichas propuestas de sanciones provienen de la adopción de acuerdos de la Comisión Estatal contra la violencia y se refieren:
 
1) Las dos primeras a la Temporada 2015/2016. Concretamente a los partidos disputados en Balaídos el pasado mes de Abril y el de la última jornada de Liga celebrado en Riazor contra el Real Madrid. Estas propuestas acaban de ser notificadas al Club por parte de la Subdelegación del Gobierno y por importe de 10.000 euros cada una, no de 30.000 como recogía la propuesta inicial de la Comisión.
 
2) Las últimas, de las que no tenemos conocimiento formal alguno, se refieren según recogen las informaciones publicadas, a los cuatro partidos de Liga disputados en Riazor la presente temporada. La propuesta, según se indica, es de 30.000 euros de sanción por cada partido, por lo tanto, un total de 120.000.
 
Desde que el Club tuvo conocimiento mediático (que no formal, ya que éste no se produjo, en el caso de las primeras, hasta estos días) de las citadas sanciones, la postura del Consejo de Administración del Deportivo ha sido, por un lado, la de alegar y recurrir las mismas por todos los medios legales a su alcance ante la falta de fundamento e injusticia manifiesta en que incurren. Por otro, intentar en varias ocasiones, mediante escritos razonados dirigidos a su presidente y otras gestiones, abrir un diálogo con la Comisión Estatal contra la violencia para explicar la política del Club en materia de seguridad y de relaciones con la afición, peñas y agrupaciones. Una política de diálogo fluido que entendemos que es la correcta, basada siempre en el estricto cumplimiento de la normativa vigente y en sus principios contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia.
 
Buena prueba de esta acertada política es la inexistencia del más mínimo incidente digno de mención en el entorno del estadio, tanto durante la celebración de los partidos, como en las horas previas u horas posteriores a los mismos. Destaca además un hito que demuestra las buenas prácticas en esta materia: la inscripción por primera vez en sus casi 30 años de existencia de la Agrupación Riazor Blues en el Libro Registro de Seguidores previsto en la Ley. A su colaboración para lograrlo, se une el convencimiento de que la necesaria animación de una grada puede y debe ser compatible con el cumplimiento de la normativa de seguridad y contra la violencia en el deporte. Se trata, sin duda, de un avance social relevante.
 
Por todo ello, el Consejo de Administración del Deportivo se encuentra sorprendido ante estas propuestas de sanción que, curiosamente, vienen a producirse en un momento de buen clima social, el de mayor grado de cumplimiento normativo y colaboración entre todos (Club, aficionados, peñas, etc.). A estos efectos nos remitimos a la inexistencia de incidentes durante la disputa de partidos tanto local como visitante por parte del Deportivo así como en los numerosos encuentros declarados de alto riesgo por parte de la Comisión Estatal contra la violencia.
 
Adicionalmente a ello, el actual Consejo de Administración del Deportivo (con la colaboración del mismo órgano del Celta) ha conseguido pacificar totalmente el ambiente del tradicional derbi gallego Deportivo-Celta que se disputa dentro de una sana rivalidad deportiva y social. 
 
El Real Club Deportivo ha acreditado a lo largo de los últimos años una buena conducta de cumplimiento de la normativa vigente y un firme compromiso de rechazo a la violencia y de colaboración con las Fuerzas de Seguridad.
 
Además, quiere hacer constar que ninguno de los aficionados que accede al estadio tiene restricción o prohibición alguna al respecto, tal y como comprueban sistemáticamente las Fuerzas de Seguridad con el apoyo de la seguridad privada contratada por el Club. 
 
Por todo ello el Real Club Deportivo no considera en la actualidad a Riazor Blues como un grupo violento, pero además tampoco cuenta esta Agrupación con ningún especial apoyo que resulte diferente o privilegiada del resto de los aficionados. Los miembros de Riazor Blues que son abonados del Deportivo tienen los mismos derechos que el resto de socios del Club, salvo en los casos puntuales que tengan prohibición de acceso por sanción, pertenezcan o no a una peña o agrupación.
 
En cuanto a las conductas sancionables, y en lo referente a la autoría y responsabilidad derivada de las mismas, el Deportivo considera que afectan exclusivamente a la persona física. La condena de comportamientos grupales no encuentra respaldo en nuestro sistema penal ni administrativo sancionador en cuanto al sujeto infractor.
 
Por lo tanto, no es de extrañar la sorpresa e indignación progresiva con que se reciben en el Real Club Deportivo estas noticias, enterándose por medios de comunicación, sin que se notifiquen o se haga varios meses más tarde, y sin saber ni de qué se acusa al Club, ni en qué se fundamenta la acusación. El problema, en este caso, según parece, es una pancarta que no tiene ningún lema ni símbolo que, ni siquiera lejanamente, se pueda considerar apología de ninguna violencia.
 
El diálogo que el Real Club Deportivo ha intentando abrir con Comisión Estatal contra la violencia tampoco ha sido tomado en consideración, no habiendo sido recibido, ni habiéndosele permitido explicar sus proyectos y su forma de actuar sobre este asunto que, desde el punto de vista del Club, constituye un ejemplo de relación club-afición y una buena manera de erradicar toda violencia. 
 
En cualquier caso, si al Real Club Deportivo se le explica y demuestra cuál es el precepto específico que incumple o la infracción concreta que comete, está dispuesto a reconsiderar sus actuaciones, pero no va a encajar, sin más, acusaciones genéricas ni tampoco aquellas de tan escaso recorrido que bordean el ridículo.
 
El negar este diálogo constituye además un desprecio incalificable a un club histórico como el Real Club Deportivo que en pocas semanas va a cumplir 110 años y no está dispuesto a consentir a nadie que le impute actuaciones relacionadas con supuestos apoyos a comportamientos violentos. 
 
Menos todavía puede permitir que se manche el nombre de su afición que tiene una trayectoria de apoyo incondicional al equipo, pero también de enorme civismo tanto en la celebración de títulos, ascensos y grandes victorias, como en dramas deportivos de descensos e importantes derrotas, sin que haya que lamentar ni el más mínimo incidente ni en el estadio ni en ningún otro espacio público durante años. Asistir al fútbol en A Coruña es total y absolutamente seguro. También lo es para las aficiones rivales.
 
Por todo ello, y por el desprecio que supone haber negado al Deportivo siquiera la posibilidad de explicarse y por seguir poniendo en circulación pública unas acusaciones carentes de fundamento sin ninguna posibilidad de respuesta, entendemos que el presidente de la Comisión Estatal contra la violencia, al que en todo momento nos hemos dirigido con respeto, no puede representar a un órgano cuyos cometidos son de tanta trascendencia para la seguridad de los espectáculos deportivos, por lo que pedimos su destitución o cese por las autoridades competentes.
 
Todo ello sin perjuicio de continuar con las actuaciones que puedan corresponder en los distintos ámbitos jurisdiccionales en defensa del buen nombre del Real Club Deportivo y de toda su afición, para lo cual se continuarán tomando las medidas oportunas, siguiendo las instrucciones de la Asesoría Jurídica del Club, sin descartar ninguna de las posibilidades que permita el ordenamiento jurídico vigente.